Estados Unidos boicoteó la reciente 36 sesión del Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), al hacer explotar el último día su desacuerdo con el documento consensuado los durante los cinco días de debate.

Estados Unidos expuso sus disidencias con los avances conseguidos durante la reunión de la OMPI en virtud de las “inquietudes económicas” que les generaban las propuestas consensuadas sobre patentes y recursos genéticos.

La negativa estadounidense a aceptar el documento elaborado durante los extensos y arduos debates contó con el apoyo de Japón y en algunos tramos del debate también afloraron las disidencias de Canadá, Noruega y Corea del Sur.

La delegación de Estados Unidos presentó  un documento en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual exponiendo “las preocupaciones económicas del sector privado” sobre  las propuestas para fortalecer las reglas internacionales para patentar recursos genéticos destinados principalmente a ayudar países en desarrollo.

El documento de los Estados Unidos titulado "El impacto económico de las demoras e incertidumbres en materia de patentes: preocupaciones de los Estados Unidos sobre las propuestas de nuevas divulgaciones de patentes"  reprodujo  estudios que pretenden demostrar que “por la demora de cada año en el proceso de solicitud de patente, el crecimiento del empleo disminuyó en un 2.4 por ciento en el primer año después de una patente y en 12.7 por ciento y 19.3 por ciento en tres y cinco años, respectivamente”.

“De manera similar, el efecto en el crecimiento de las ventas fue peyorativo, lo que generó impactos negativos de 3.6 por ciento, 12.8 por ciento y 28.4 por ciento durante uno, tres y cinco años luego de la decisión de la primera acción de la patente”, según el estudio.

Por el contrario, los países en desarrollo vienen desde hace 18 años, cuando comenzó a discutirse el patentamiento de los recursos genéticos en la OMPI,  denunciando lo que definen como “biopiratería” o sea la apropiación indebida de sus recursos genéticos por empresas del norte  y de otras que utilizan de sus materiales genéticos en productos patentados sin divulgar el origen de esos materias genéticos.

Un ejemplo de un caso de biopiratería surgió en junio pasado con material genético de la baya açai de Brasil que se utiliza en investigaciones en California.

El objetivo de las propuestas que se habían consensuado garantizaban el consentimiento fundamentado previo de las comunidades y países donde se producen los materiales genéticos, en parte para que puedan estar seguros de tener acceso  y obtener algunos beneficios de cualquier producto, como, por ejemplo, un producto farmacéutico o innovación biotecnológica si finalmente se comercializa.

La principal preocupación del documento de los Estados Unidos es la "incertidumbre" que las nuevas medidas podrían inyectar en el sistema, disuadiendo o enfriando la innovación del sector privado.

"Las sanciones propuestas para los solicitantes de patentes y los propietarios que no cumplan con estos requisitos incluyen el rechazo de una solicitud de patente no conforme o la revocación de una patente no conforme", indicaba el documento presentado por la delegación estadounidense.

“Estos requisitos podrían tener un impacto devastador en la investigación y el desarrollo en el campo de la biotecnología y los productos farmacéuticos debido a las incertidumbres que introducirían en la protección de patentes", alarmó Estados Unidos en su documento.

Pero también, las incertidumbres en torno a exigir la divulgación obligatoria del origen "podrían causar retrasos significativos en el proceso de examen de patentes al reducir la valoración de la patente y hacer que las inversiones en investigación y desarrollo sean imprudentes", argumentó Estados Unidos.

Pero un funcionario de un país en desarrollo que asistió a las negociaciones de la OMPI dijo a Intellectual Property Watch que el documento estadounidense estaba basado en "hipótesis" que los países deberían aceptar sin rebatirlas.

El funcionario explicó que “las empresas de los Estados Unidos y de otros países desarrollados han considerado que prefieren dejar las políticas a nivel nacional y hacer arreglos con las comunidades locales a través de contratos, cuando sea relevante. Pero los países en desarrollo han dicho que las comunidades a menudo están en desventaja en tales negociaciones contractuales, y que muchos recursos genéticos se toman y usan sin reconocimiento ni contrato”.

Estados Unidos y otros países también plantearon un nuevo estudio de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) presentado en un evento paralelo en la OMPI que analizó de manera similar el impacto económico de los requisitos de divulgación en las solicitudes de patente para recursos genéticos.

Brasil tomó la palabra para decir que “todas las preocupaciones de los miembros son legítimas, pero se nos daría más consuelo si nuestras preocupaciones también recibieran el mismo trato”.

También señaló que el documento de los Estados Unidos se refiere inexactamente a una ley brasileña que ya no es activa, que el comité ya tiene dos décadas de estudios y que las preguntas del estudio propuesto por IFPMA “han sido abordadas completamente y previamente”.

La Fundación Tebtebba, una ONG con sede en Filipinas centrada en las políticas que afectan a los pueblos indígenas, describió las preocupaciones que dieron forma a la discusión en la OMPI.

La principal aprehensión era la del robo y la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.

La Fundación Tebtebba esperaba que la divulgación de los requisitos de origen se aplicaría no solo a las patentes sino a una gama más amplia de derechos de propiedad intelectual.

En este contexto, algunos oradores también plantearon la cuestión de a quién pertenecen los derechos de autor sobre las publicaciones de conocimiento tradicional, opinando que debería recaer en las comunidades.

Sudáfrica dijo que el tratado no debería estar por encima de la ley, ya que el fraude en la mayoría de las sociedades se considera ilegal. "No podemos promover la anarquía" en la OMPI, dijo su delegado.

Egipto aprobó, al igual que Brasil, que se necesitaba un castigo adecuado en caso de fraude. “Es necesario- dijo el delegado brasileño-, evitar que los solicitantes tienten probar suerte si el costo del incumplimiento es demasiado bajo. Excluir la revocación está favoreciendo la anarquía”, agregó.

Los observadores sostuvieron que la protección de las comunidades locales es de interés público. Las compañías podrían argumentar que asegurar que el sector privado pueda continuar accediendo a los recursos necesarios para desarrollar las próximas innovaciones científicas o tecnológicas también es de interés público. Y si aumentan sus costos, tienden a pasárselos a los consumidores.

Las diferencias recaen sobre quién obtiene los beneficios de las innovaciones derivadas de los recursos genéticos y cómo garantizar que no se abuse de ningún sistema nuevo que esté configurado.

De hecho, como dijo un representante indígena, se suponía que el problema del acceso y la participación en los beneficios y la biopiratería de los recursos genéticos se había abordado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 y su posterior Protocolo de Nagoya.

El documento de los Estados Unidos demuestra que el problema continúa y que el trabajo del comité de la OMPI se ha malogrado una vez más desperdiciándose la posibilidad de avanzar en un documento consensuado.