CAMBIOS EN EL INPI: PARDO SE VA ENTRE DENUNCIAS Y VUELVE MARIO ARAMBURU

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Mario Roberto Aramburu es el principal candidato para ocupar la presidencia del Instituto Nacional de Propiedad industrial (INPI), en reemplazo de Dámaso Pardo, quien llegó aupado por las multinacionales y se marcha con denuncias judiciales.

Aramburu ya fue presidente del INPI durante 13 años y fue eyectado en junio de 2016. Algunos medios especializados que funcionan como parlantes de las multinacionales, le adjudicaron un desempeño displicente o sesgado durante su función, porque no había concedido todas las patentes que los laboratorios extranjeros hubiesen querido registrar en el país.

El funcionario desplazado por el gobierno de Mauricio Macri, había asumido en el INPI en julio de 2003 y permaneció hasta junio de 2016.  También fue ministro de Economía y Obras Públicas y secretario de Hacienda de la provincia de Santa Cruz y ministro de la Producción de Catamarca.

Ahora su nombre fue a ser mencionado como el candidato más potable para ocuparse del estratégico INPI en la búsqueda de recuperar su soberanía y autonomía, después de años de lobistas enquistados en sus oficinas.

Durante la presidencia de Aramburu, en 2012, se aprobaron las Guías de Patentabilidad que fueron la verdadera razón del encono de las multinacionales contra su gestión.

En su reemplazo llegó Dámaso Pardo, de la membresía de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad industrial (AAAPI) y del estudio PAGBAM, en el que trabajó por 20 años como socio de José Alfredo Martínez de Hoz (hijo).

Cuestionado desde el comienzo por los laboratorios nacionales -CILFA publicó una solicitada y trasladó sus aprensiones sobre el nuevo director del INPI al ministro Andrés Ibarra- Dámaso Pardo defendió públicamente y hasta el último día de su gestión el Tratado PCT en sintonía con la diputada PRO Cornelia Schmidt Liermann. Pero no les alcanzó para su aprobación en la Cámara de Diputados.

Entre sus “logros”, Dámaso Pardo firmó con la oficina de patentes de Estados Unidos el acuerdo bilateral que introdujo en el país el procedimiento de Patent Prosecution Highway (PPH), que para el experto Carlos Correadiscrimina contra los solicitantes nacionales de patentes, en tanto brinda prioridad en el trámite a solicitantes extranjeros”.

Precisamente, la firma de este convenio con Estados Unidos, ha sido denunciado ante la justicia por el periodista Fernando Míguez, publicó el Observatorio Sudamericano de Patentes.

Fernando Míguez, de 63 años, es el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y nadie podrá acusarlo de ser funcional al kirchnerismo o al peronismo ya que en 2016 denunció al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y a las autoridades de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) por "estafa y encubrimiento" a raíz de supuestas irregularidades en la obtención del título de licenciado en Comercialización durante el 2015 del ex mandatario provincial.

En 2012, se presentó ante el juzgado de Bonadio una denuncia penal contra los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y otros involucrados en la tragedia de Once.

En su denuncia contra Dámaso Pardo, Marcos Peña, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y otros, sostiene que la firma del convenio bilateral PPH ha sido de “gravedad” para el país porque “deroga de hecho la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”.

“De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga)” agrega en su denuncia.

“La violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un “Plan Sistémico” para así mediante este ardid lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los LABORATORIOS EXTRANJEROS mediante la implementación en el manejo de costos y precios”, afirma Míguez.

“Estos acuerdos y resoluciones celebrados por Pardo y aprobados por el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, beneficiaron a las empresas de EEUU -bajo el auspicio de la cámara de empresas farmacéuticas transnacionales (CAEME), la cámara de comercio de EEUU en Argentina (AmCham) y la asociación de agentes de la propiedad industrial AAAPI- habían sido ya cuestionados por el bloque opositor de la cámara de diputados en el año 2016 cuando el presidente del INPI firmara la Resolución 56, que habilitaba a los examinadores de patentes argentinos a utilizar los resultados de los informes de examen de patentes obtenidos en la propia oficina de Estados Unidos, como válidos en la oficina de patentes argentina”, recordó la publicación.

Míguez incluyó en su denuncia un pedido de detención para los imputados “por el consiguiente riesgo A LA SALUD PUBLICA que supone que los denunciados; con su conducta criminal puedan entorpecer la investigación”.