Treinta y siete organizaciones de la sociedad civil, medio centenar de expertos en propiedad intelectual y treinta y tres parlamentarios europeos exigieron licencias abiertas para los medicamentos, las vacunas y las tecnologías sanitarias pasibles de ser utilizadas para combatir la pandemia COVID 19, cuando hubiesen recibidos subvenciones de la UE durante la etapa de investigación y desarrollo.

Paralelamente, Médicos Sin Fronteras pidió a los gobiernos nacionales que se preparen para anular las protecciones de patentes y tomar otras medidas, como promulgar controles de precios, para garantizar la disponibilidad de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas contra la pandemia. La Fundación GEP se sumó al pedido global en Argentina.

El pedido de los eurodiputados y las ONGs está contenido en sendas cartas en respaldo a la sugerencia del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quien solicitó a la OMS que ponga en marcha una iniciativa que “agrupe los derechos de las tecnologías que son útiles para la detección, prevención, control y tratamiento de Pandemia de COVID-19".

Las ONgs en una carta enviada a la OMS reclamaron preservar “derechos esenciales para medicamentos, vacunas y tecnologías” que ayuden a combatir la pandemia y fue publicada por Knowledge Ecology International, un grupo global de vigilancia de patentes.

Pero, desde la cámara de las multinacionales farmacéuticas, IFPMA, ya respondieron que no comparten la iniciativa.

Los firmantes instaron a la Comisión Europea (CE) que exija también “transparencia en la línea de investigación y desarrollo (de nuevos medicamentos) para garantizar el cumplimiento de los compromisos de asequibilidad” a toda la población.

Esta campaña se inició inmediatamente después del respaldo por Twitter del Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, al llamado del presidente de Costa Rica para crear la iniciativa de "derechos agrupados" de patentes vinculadas a medicamentos o tecnologías contra la pandemia. 

La carta fue dirigida a la presidenta de la CE, la médica alemana Ursula Von Der Leyen; a la Comisionada de la UE para Innovación, Investigación, Cultura y Juventud, la búlgara Mariya Gabriel; y a la Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE, la psicóloga chipriota Stella Kyriakides.

“Aunque la Comisión Europea invierte más del doble de cualquier socio del sector privado en la investigación COVID-19 financiada por la UE, la mayoría de las convocatorias de propuestas hasta el momento no parecen requerir que las empresas u organizaciones se comprometan con las cláusulas de accesibilidad”, lamentaron los parlamentarios en su carta.

“Por lo tanto, es aún más importante hacer cumplir la supervisión pública del proceso de I + D y prohibir las licencias exclusivas”, señalaron.

“Para los nuevos productos, se debe exigir a las empresas que se comprometan a otorgar licencias no exclusivas sobre cualquier tecnología sanitaria desarrollada como condición previa para recibir financiación de la UE”, se solicitó en la carta.

“La concesión de licencias exclusivas para nuevos productos podría resultar en una escasez posterior” ya que solo "una o muy pocas compañías podrían producir un medicamento extremadamente oportuno que se requiere en grandes cantidades en todo el mundo", advirtieron los parlamentarios, las entidades de la sociedad civil y los expertos en propiedad intelectual.

“Reconocemos que algunos gobiernos y otras entidades pueden ser reacios a compartir abiertamente tecnologías a nivel mundial, como por ejemplo mediante licencias abiertas o licencias sobre regalías razonables y asequibles, cuando existe incertidumbre sobre si otros harán compromisos similares”, advirtieron en la carta.

Thomas Cueni, Director General of International Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA), la cámara mundial de las multinacionales farmacéuticas, ya respondió que agrupar los derechos de patente no mejorará la batalla global contra el virus.

"Si bien la agrupación voluntaria de la propiedad intelectual y otros activos puede ser una herramienta para estimular la I + D y facilitar el acceso bajo ciertas condiciones, sus efectos para abordar la pandemia actual probablemente serán muy limitados", advirtió Cueni en un comunicado.

“Ya existen herramientas para que los gobiernos accedan a los medicamentos que necesitan, y ya se están utilizando en varios casos”, respondió.

“Además, existen organizaciones establecidas, como Medicines Patent Pool, una iniciativa respaldada por la ONU que utiliza un modelo de licencia voluntaria y un modelo de patente 'agrupada' para otorgar licencias a fabricantes de genéricos, que tienen la experiencia en la concesión de licencias y la gestión de un grupo establecido de activos de propiedad intelectual”, agregó Cueni.

Como ejemplo mencionó que el laboratorio estadounidense Abbvie anunció que ofrecerá a través de Medicines Patent Pool licencias para su combinación de lopinavir / ritonavir sin restricciones de patentes, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificará este medicamento para el VIH de nombre comercial Kaletra, como una de las combinaciones de medicamentos que se probarán en diez países, incluida Argentina, contra COVID-19.

Sin embargo, el conjunto propuesto de derechos de patente para las tecnologías COVID-19, de hecho, se basaría en los éxitos del Fondo de Patentes de Medicamentos para expandir el acceso asequible a medicamentos para el VIH / SIDA, la tuberculosis y la hepatitis C, vislumbró Brook Baker, analista de Global Access Project, y firmante de la carta.

"En pocas palabras, ningún derecho exclusivo debe interponerse en el camino de la respuesta de los gobiernos y la comunidad global a la pandemia de COVID-19", escribió Baker en Health Policy Watch, sobre el llamado de Costa Rica a unir los derechos al desarrollo de medicamentos.

El presidente de Costa Rica también solicitó al Observatorio Global de Investigación y Desarrollo de la Salud de la OMS que cree una base de datos sobre actividades de investigación y desarrollo relacionadas con COVID-19, incluidas las estimaciones de los costos de los ensayos clínicos y los subsidios proporcionados por gobiernos y organizaciones benéficas.

“Acojo con beneplácito su iniciativa y reclamo por los derechos agrupados para los diagnósticos, medicamentos y vacunas de COVID-19", respondió el Director General de la OMS en su cuenta de Twitter a la propuesta del presidente Carlos Alvarado Quesada.

Los firmantes de la carta que apoyaron su iniciativa advirtieron además que el conjunto de productos COVID-19 debe ir más allá de las patentes de medicamentos, per se, “para abordar los datos de pruebas regulatorias, datos de investigación, líneas celulares, innovaciones científicas básicas y otras de propiedad intelectual”.

Entre las OnGs y expertos que firmaron la carta figuran Oxfam America, People's Health Institute (Corea), FUNDACIÓN IFARMA – Colombia, Health Action International, Health GAP (Proyecto de acceso global), Salud y Fármacos de EEUU,  Frederick Abbott, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Brigit Toebes, profesora de la Facultad de Derecho, Universidad de Groninga, Países Bajos, Ellen 't Hoen, co-relatora y directora de Derecho y Política de Medicamentos y del Centro Médico Universitario de Groningen, Pedro Villarreal, (UNAM, México), investigador principal del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania, Tania Voon, profesora de la Facultad de Derecho de Melbourne, Australia, Morten Walløe Tvedt Profesor asociado de Molde University College, Carina Vance, ex Ministra de Salud Pública de Ecuador y ex Directora del Instituto Sudamericano de Gobernabilidad en Salud (ISAGS) del Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), entre otros.

Médicos Sin Fronteras se sumó también a la campaña mundial para liberar las patentes y tecnologías sanitarias en apoyo de los países de menos ingresos.

"Sabemos muy bien por nuestro trabajo en todo el mundo lo que significa no poder tratar a las personas bajo nuestro cuidado porque un medicamento necesario es demasiado caro o simplemente no está disponible", lamentó Márcio da Fonseca, asesor de Enfermedades Infecciosas de MSF's Access.

En Argentina, Fundación GEP compartió la preocupación de las OnGs que apoyaron públicamente la propuesta del presidente de Costa Rica y recordó que en virtud de la Emergencia Sanitaria, el gobierno argentino puede emitir licencias obligatorias.

“Fundación GEP hace un llamado al Poder Ejecutivo Nacional argentino a que, en caso de ser necesario garantizar la disponibilidad y el acceso a tecnologías médicas en situación de monopolio por patentes, haga uso del mecanismo instaurado en el artículo 70 de la Ley 27.541 que declara la  Emergencia Sanitaria y del decreto 260/2020 que extiende la emergencia por la pandemia por COVID-19 y emita licencias obligatorias en pos de asegurar el acceso a medicamentos, insumos y demás tecnologías para todas las personas que lo necesiten”, pidió en un comunicado.

“La pandemia puso en crisis al sistema neoliberal y pone luz sobre un sistema de patentes fracasado y obsoleto como modelo de innovación” y “es tiempo que de los Estados asuman su rol clave en materia de salud promoviendo el desarrollo de tecnologías médicas a través de la inversión pública en I+D, realizando esfuerzos para que exista disponibilidad  y acceso para todas las personas que lo necesiten sin importar dónde ni en qué condiciones vivan”, afirmó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

“El posible tratamiento para el COVID-19, que pondría fin al aniquilamiento masivo de nuestros mayores, será inaccesible si la arquitectura de la impunidad y el mercado siguen rigiendo la innovación y el desarrollo de las tecnologías médicas”, reforzó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP.

GEP mencionó como “un ejemplo bien reciente es el pedido realizado por la empresa estadounidense Gilead Sciences a la FDA (Food and Drug Administration de EEUU) para que ésta declare a su desarrollo remdesivir -droga que demuestra ser hasta ahora una de las más promisorias para el tratamiento del COVID-19- como una droga huérfana, a los fines de obtener mayor monopolio y beneficios comerciales”.

“El accionar de Gilead provocó el rápido y unánime rechazo de la sociedad civil. Las críticas y mensajes en las redes sociales fueron contundentes y llevaron a que la empresa desista de utilizar el carácter otorgado por la FDA. Pero ello no termina de solucionar el reclamo de la sociedad que se organiza en torno al pedido de desistimiento de todas las patentes sobre remdesivir que Gilead tiene en el mundo”, completó GEP.

http://www.keionline.org/32599
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