LA CRISIS SANITARIA IMPONE UN PLAN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ANTICIPA FEFARA PARA EL DÍA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Visto: 919

Damián C. Sudano, el flamante presidente de FEFARA, afirma que la regulación del mercado farmacéutico y de las prestaciones de salud para garantizar un modelo asequible, transparente y de calidad, es la prioridad que debe asumir el Estado pos-pandemia. Pero la construcción de ese modelo y la sumatoria de consensos, es una tarea imperiosa que debe comenzar sin más dilaciones.

Sudano enfatiza que hay dos opciones como suele ocurrir en etapas de crisis: sentarse a esperar que termine el derrumbe y luego recontar los daños. O comenzar ya a diseñar el modelo de mercado farmacéutico futuro.

A partir de la premisa que el actual sistema “es inviable”, Sudano aporta algunas propuestas desde su columna de opinión para la revista MÉDICOS de julio.

Por ejemplo, regulación de precios, uso racional del medicamento, un Padrón Nacional Unificado y revitalizar el protagonismo del farmacéutico vinculado a programas de salud prioritarios.

La nota completa es la siguiente:

Propuesta desde la demanda
Plan Nacional de Medicamentos
Por Damián C. Sudano, Presidente FEFARA

I - EL CONFLICTO

“Regular en serio el mercado del medicamento o sentarse a esperar la debacle total del sector”

Noticias periodísticas recientes dan cuenta que varias Obras Sociales provinciales no solo no están pudiendo responder ante los laboratorios farmacéuticos por las deudas acumuladas, sino que además se encuentran al borde de la suspensión de las prestaciones por la acumulación de facturas impagas con la red de farmacias.

Durante todos estos años desde FEFARA hemos estado insistiendo en advertir la imposibilidad de mantener un sistema que consideramos inviable. Los principales aspectos de nuestra prédica, se basan en la certeza de que en el sector hay una insuficiente respuesta a la demanda a causa de:

 El deterioro de los ingresos medios de la población.
• El mal uso o dispendio de recursos
• La disminución de los ingresos y el incremento de los costos en salud para los financiadores.
Imposibilidad de atender las mínimas prestaciones que se deben garantizar, por parte de los financiadores, a raíz de problemas económicos crecientes.

Por otra parte, dentro del mercado del medicamento destacamos también la existencia de:

• Fuerte presión de marketing, especialmente centrada en la prescripción.
• Judicialización creciente relacionada con productos de alto costo.
Falta de transparencia y control en el circuito de pro- visión de medicamentos.
El gerenciamiento queda en manos de las mandatarias de la oferta y el financiador debe dar por buena la liquidación que le presentan.
No se prioriza el uso racional del medicamento, ni se garantiza el acceso a la gente.
Las farmacias no sólo soportan dificultades financieras crecientes por atrasos e incobrabilidades, sino que ponen en riesgo su sustentabilidad por caída de calidad y cantidad en la demanda.
La propia industria soporta crecientes dificultades, tanto para colocar unidades como para poder cobrarlas.

Ante esta realidad, que es el común denominador de todos los financiadores del sector (gubernamentales, sindicales o privados), se hace evidente que ya no sólo es injusto sino también inviable mantener en el tiempo el sistema que la oferta diseñó e impuso en nuestro mercado durante las últimas décadas. Un sistema carente de control, límites y transparencia.

Resulta imperioso entonces, aplicar nuevos mecanismos en la provisión de medicamentos, tanto para ambulatorios como para tratamientos especiales, que incluye una negociación de precios aún en los casos donde haya pocos oferentes.

No hay mayores opciones. El Gobierno debe avanzar con firmeza en la implementación de políticas y estrategias que permitan regular el mercado del medicamento para optimizar las prestaciones, brindar servicios de calidad sin incrementar los costos y propiciar el acceso a prestaciones basadas en criterios científicos, epidemiológicos y de evaluación económica para toda la población.

II - EL TRÁNSITO HACIA LA SOLUCIÓN

El derecho a la salud, es un derecho humano básico protegido especialmente por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Es por ello que el Estado tiene el deber de garantizar su goce a toda la sociedad. Ahora bien, asegurar que los beneficios de la salud lleguen a todos nos enfrenta al dilema de satisfacer necesidades crecientes disponiendo de recursos limitados.

Esto se torna aún más complejo en lo que respecta al acceso al medicamento, debido al alto costo de los mismos y al gran impacto que tiene para los presupuestos familiares. Es por ello que para garantizarlo, especialmente a los sectores sociales y/o etarios más vulnerables, se precisa de un alto nivel de financiamiento y regulación estatal

Si bien son numerosas las alternativas para la adopción de políticas centradas en el acceso a los medicamentos, a continuación, enunciaremos las que consideramos prioritarias para la consecución de los objetivos antes descriptos.

1. Identificación del beneficiario

Resulta indispensable tener información sobre la población en un Padrón Nacional Unificado. Esta valiosa herramienta permitirá fijar las bases desde las cuales construir una política de medicamentos, a la misma vez que otros programas de salud más complejos.

Se podrá trabajar en el registro y categorización de los pacientes por patologías crónicas a partir de los diagnósticos indicados en las recetas y los consumos registrados en las farmacias, permitiendo componer mapas epidemiológicos de cronicidad, diseñar estrategias de coberturas complementarias (vg. afiliados que tengan más de una obra social), entre otras.

2. Regulación de precios y garantía de competitividad

En el mercado de medicamentos la formación de precios está concentrada en los laboratorios productores, y la única referencia con la que se cuenta es el manual farmacéutico publicado por empresas financiadas por la propia industria. Ni las farmacias ni las droguerías cuentan con una injerencia sustancial en este proceso.

Por lo tanto, dentro de la actividad, todo se reduce a la capacidad de negociación que tenga el financiador respecto del laboratorio productor. Es por ello, que insistimos en la necesidad de regulación por parte del Estado. El valor de los medicamentos debe ser definido en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, estableciendo un precio por franja terapéutica que servirá de precio de referencia para todos los actores del mercado.

Por otro lado, la regulación mediante precios de referencia por franja terapéutica, genera una ampliación de la oferta, permitiendo que los laboratorios de menor incidencia y los laboratorios públicos puedan participar en condiciones más equitativas.

3. Uso racional del medicamento

El uso racional de medicamentos es la condición por la cual los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad (OMS, 1985).

Para ello es necesario que el Estado establezca los formularios terapéuticos de referencia para respaldar el plan de uso racional de medicamentos mediante la aplicación de criterios de selección de principios activos que cuentan con evidencias disponibles de eficacia, seguridad, conveniencia y costo.También que oriente el suministro y la adquisición de medicamentos de forma centralizada, otorgando prioridad a la producción pública de medicamentos con el fin de resguardar el Derecho a la Salud y la accesibilidad a los mismos.

4. Distribución de medicamentos

Actualmente existe una estructura de distribución muy concentrada que no permite a los laboratorios de menor incidencia en el mercado y/o a los laboratorios públicos acceder como una oferta adicional al conjunto de la red de farmacias de la República Argentina.

En este sentido, el Estado deberá garantizar estructuras logísticas de distribución de medicamentos que permitan que la oferta más competitiva esté disponible para la totalidad de las Farmacias del país.

5. Producción nacional de medicamentos genéricos

En el mercado de los medicamentos existen franjas terapéuticas no atractivas para el sector privado por diversos motivos: por la baja rentabilidad o porque son controladas por uno o dos laboratorios líderes. Esto genera condiciones poco propicias para garantizar el acceso al medicamento a precios razonables.

Es conveniente definir una política de producción público/privada de medicamentos genéricos que regule y permita promover el desarrollo de segmentos relegados por la actividad, además que garantice contar con una oferta más diversa en cantidad y calidad de productos.

6. Dispensa de los medicamentos

La regulación y promoción de la actividad farmacéutica ha sido una política casi abandonada durante los años noventa y, si bien se intentó mejorar su situación durante los doce años del kirchnerismo, ha sido una actividad relegada frente a la de otros actores del mercado que debe ser revisada.

La farmacia es una entidad que brinda un servicio público fundamental en el área de la salud. El desarrollo de la provisión de medicamentos mediante la farmacia, debe apuntar a equilibrar las desigualdades geográficas y sociales, garantizando a todos los habitantes, independientemente de su situación geográfica y socio-económica el libre acceso al medicamento.

Revitalizar el rol de la Farmacia, garantizándoles las condiciones económicas, comerciales y de rentabilidad que le permitan trabajar los programas de salud prioritarios, sobre todo a aquellas farmacias pequeñas y medianas que proveen a los sectores más postergados de la sociedad, es una acción importante para el éxito de todo plan nacional de medicamentos.