Alrededor de 800 millones de personas, casi el 12% de la población mundial, gastan al menos el 10% de su presupuesto familiar en costos de atención médica, estimó del Foro de la Salud de Ginebra (GHF).

El Foro también advirtió que la pandemia ha puesto en evidencia que el acceso a la salud es desparejo y con privilegiados y marginados, también en los países desarrollados.

El GHF se reúne cada dos años con el objetivo de promover prácticas innovadoras para los sistemas sanitarios que mejoren el acceso a la atención, especialmente en entornos con recursos limitados para sus sistemas de salud.

En esta edición enmarcada por la pandemia, una de las conclusiones fue “cada año, alrededor de 100 millones de personas se ven empujadas a la pobreza extrema" porque tienen que pagar la atención médica, y más de 800 millones de personas, casi el 12% de la población mundial, gastan al menos el 10% de su presupuesto familiar en costos de atención médica”, según las estadísticas de la OMS.

Los expertos convocados por el GHF abordaron “los éxitos y desafíos encontrados en la expansión de la protección social de la salud para lograr la Cobertura Universal de Salud (CSU)”.

Los expositores coincidieron que “dado que la mitad de la población mundial todavía no tiene acceso a los servicios de salud que necesita debido a las limitaciones financieras” se impone “la protección social de la salud” mediante “cualquier tipo de sistema financiero que garantice el acceso a la atención médica, incluidos los seguros nacionales de salud gratuitos o los planes de seguro médico asequibles”.

“Varios países están tratando de fortalecer sus esfuerzos y expandir la protección social de la salud como un derecho, un derecho del que todos disfrutan, pero a menudo se enfrentan a lo que llamamos sistemas de cobertura fragmentados, y estos sistemas de cobertura fragmentados afectan la equidad”, resaltó Claude Meyer de la red mundial P4H Social Health Protection Network.

El GHF invitó a tres expertos a reflexionar sobre las formas en que se puede reducir esta fragmentación de la atención médica al tiempo que se extiende la cobertura, y ofrecer ejemplos de métodos en la práctica en diferentes países.

Valeria Schmitt, subdirectora del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), analizó cómo la fusión de diferentes sistemas podría servir para reducir los costos administrativos y garantizar que los servicios de salud estén disponibles más ampliamente.

“Con respecto a la fragmentación de las instituciones, está muy claro que en lugar de tener dos o incluso tres instituciones a cargo del acceso a la atención médica, como es el caso de Tailandia, por ejemplo, la fusión de las operaciones reduciría los costos de administración”, mencionó Schmitt.

Aunque, “ese movimiento no es nada fácil”, aclaró Schmitt, pues Tailandia ha intentado fusionar los tres sistemas en uno durante muchos años para nivelar las desigualdades entre la atención disponible para los tres grupos sociales diferentes que están protegidos por cada esquema: funcionarios públicos, trabajadores del llamado sector formal y trabajadores informales.

Aungsumalee Pholpark, profesora del departamento de sociedad y salud de la Universidad de Mahidol en Tailandia, explicó que, si se logra, la combinación de los tres esquemas en uno resolvería los problemas que existen en los sistemas actuales, donde los trabajadores informales a menudo reciben estándares de atención más bajos.

También hay desafíos específicos dentro de ciertas poblaciones, señalaron los panelistas, especialmente las comunidades de difícil acceso que pueden estar alejadas de las administraciones e instituciones centrales.

Matthew MacGregor, director de Proyectos STC del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, analizó que a medida que los países realizan cambios y abordan la transición entre sistemas para lograr la cobertura universal de salud, las poblaciones más vulnerables corren el riesgo de quedarse atrás.

“En el Fondo Mundial, mejorar la equidad y asegurarnos de que los servicios lleguen a los más vulnerables y se mantengan incluso más allá de nuestro financiamiento, es una parte fundamental e importante de nuestro trabajo”, aseveró MacGregor.

El panelista hizo hincapié en la importancia del financiamiento externo para fortalecer los sistemas de salud pública y los programas de extensión para garantizar que los servicios de atención médica, cuando estén disponibles, realmente puedan llegar a las poblaciones más vulnerables.

Los expertos también discutieron las lecciones de COVID-19 en términos de la CSU, principalmente la importancia de invertir en sistemas de protección social para la cobertura de salud.

“Los países que ya tenían instituciones de protección social relativamente sólidas pudieron reaccionar al COVID-19 de manera mucho más rápida y eficiente”, mencionó Schmitt, citando el ejemplo de Indonesia, que ha invertido mucho en su sistema nacional de seguro médico durante muchos años y pudo distribuir rápidamente las pruebas y los tratamientos ampliamente entre la población.

Schmitt también señaló cómo COVID-19 había resaltado la necesidad de garantizar que las personas en todos los niveles de la sociedad tuvieran acceso equitativo a un alto nivel de atención médica y la capacidad de los gobiernos para que esto suceda.

“Creo que COVID-19 ha demostrado que cuando se tiene la voluntad política, se puede implementar la protección social en salud y la protección social en general, y que hay solidaridad a nivel de la comunidad internacional”, enfatizó la funcionaria de la OIT.

Tammam Aloudat, Asesor Estratégico Principal de la Campaña de Acceso en Médicos Sin Fronteras (MSF), señaló que las políticas populistas también han hecho de la equidad en salud un concepto frágil.

 “Lo que está ahora es un conjunto de normas que asignan recursos, y que está controlado por jerarquías de poder, que pueden apuntar tanto a perpetuar su propio poder como a mejorar salud y prosperidad”, explicó.

También aseguró que la salud global está actuando a partir de un legado de influencias coloniales, donde los países ricos dominan las políticas que determinan cómo se realizan las inversiones claves en salud y dónde debe tener lugar la distribución de productos sanitarios.

Sin los incentivos adecuados, argumentó Aloudat, puede ser difícil convencer a los países e instituciones que ejercen un poder enorme en el ámbito de la salud mundial actual de que se comprometan con la equidad en salud real.

“Esto es evidente en el creciente debate sobre la distribución justa de las vacunas COVID-19. Se ha informado que dos vacunas tienen una eficacia de más del 90%, pero no está claro cómo y cuándo se administrarán en los países de ingresos bajos y medios (PIBM”, completó el asesor de MSF.

Manuele Capobianco, Director de Salud y Atención de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, expuso que mientras que la "salud global" solía ser vista en gran parte como un sistema para habilitar los sistemas de salud de los países en desarrollo, “la pandemia ha revelado - para muchos por primera vez - que existen grandes brechas en la cobertura universal de salud en los países desarrollados”.

La pandemia ha provocado “problemas de acceso a la atención médica” y en consecuencia “desde Malawi hasta Suiza, el acceso a la salud predomina en la pandemia de COVID”, completó Capobianco.