EL DILEMA DE LOS MEDICAMENTOS DE ALTO PRECIO: ENTRE EL AUDI Y LA BICICLETA

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Los medicamentos de alto precio son comparables con un Audi o un Mercedes con sus prestaciones suntuosas, pero quien requiere de un medio de movilidad para acudir a su trabajo y cuenta con presupuestos escasos, puede recurrir a una bicicleta, sin aire acondicionado ni tableros cibernéticos, pero de similar utilidad.

La metáfora entre la bicicleta y el auto de alta gama fue formulada por Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care de España, durante el conversatorio Modelos de Financiamiento para Patologías de Alto Costo, organizada por la Fundación Sanatorio Güemes y el Observatorio de Salud.

Lifschitz acudió a las comparaciones entre automóviles y la bicicleta para quien tiene que recorrer 15 kilómetros todos los días hasta su trabajo y busca alguna opción que le evite las caminatas.

“Todas (las opciones) tienen efectividad para que no tenga que ir caminando hasta el trabajo, pero tienen diferentes costos. La cuestión es cual de todas las tecnologías es la más efectiva para llegar rápido y descansado a su trabajo” en virtud del presupuesto disponible que, en el caso de los medicamentos de alto precio, requieren además de definiciones científicas y políticas sobre la financiación.

El médico y profesor argentino explicó que “hay una brecha entre tecnologías nuevas y tradicionales y la elección depende de dos variables:  la primera es el desenlace de cómo llegar más rápido y la segunda es la magnitud del efecto que es mayor en auto que en bicicleta”.

“Nadie pagaría lo mismo por una bicicleta que por un automóvil con techo corredizo”, comparó Esteban Lifschitz, quien incluyó un modesto y usado Renault 12 como una opción intermedia.

La cuestión, de fondo, es que “cuando hay que responder a una demanda de manera solidaria hay que pensar cual es la más efectiva según los costos”.

Como ejemplo mencionó la diferencia entre la insulina tradicional de histórica efectividad, y la insulina glargina que “es más efectiva a priori, pero tengo que pensar bien cuando vamos a pagar”.

Lifschitz recordó que la agencia reguladora francesa dictaminó que “no hay diferencia entre ambas porque la insulina glargina no aporta grandes cambios” y lo mismo consideraron los reguladores alemanes. En Canadá, con igual criterio, se denegó incluirla entre los medicamentos financiados por el Estado, con el argumento que “el beneficio es marginal”.

La insulina glargina es una versión artificial de la insulina humana de acción prolongada.

“Primero lo que tenemos que evaluar si es mejor en términos de resultados sobre el punto de partida que es el medicamento que ya está en el mercado”, propuso el expositor.

Si la evidencia de un nuevo medicamento de alto precio resulta en “un costo elevado y un beneficio relativo, entonces no hay que pagar”.

“Primero hay que evaluar el precio según el beneficio comparativo. Si una droga me hace caminar medio metro mas no justifica incluirla en la cobertura de los financiadores. Y si decidimos dar cobertura, tenemos que pensar de adonde sale la plata para pagarlo”, enfatizó Lifschitz.

Una de las propuestas del expositor fue la conformación de una comisión intergubernamental de control de precios o que “directamente la ANMAT decida a que precio se comercializará en el país” una nueva droga, antes de conceder el registro.

“No hay que pagar por pseudo conquistas y menos el precio que estaríamos dispuestos a pagar por lograr la cura de todos los males”, subrayó Lifschitz.

Así también, reclamó que las decisiones se adopten “por la evidencia disponible y no por las emociones, como por ejemplo fotos de chicos que necesitan de tratamientos” de costos astronómicos y con quienes suelen armarse campañas por las redes tratando de involucrar a la sociedad en la demanda.

Gabriela Hamilton, investigadora de IMSSET y la Fundación Sanatorio Güemes y profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a su vez afirmó que “el límite de la industria farmacéutica es el cielo por eso habrá moléculas que no se podrán financiar”.

Hamilton propuso que “un seguro con cobertura universal que reduzca las inequidades por capacidad de pago” que además permitiría “homogenizar respuestas al brindar a todos los mismos tratamientos”.

También incluyó un pool de riesgo que exima a las obras sociales y prepagas del financiamiento de las enfermedades catastróficas y que como efecto “reduciría la incertidumbre de los prestadores”.

Hamilton, ex funcionaria del Ministerio de Salud durante la primera etapa de Ginés González García, lanzó una advertencia: “Las personas dejaron de realizarse los controles durante la pandemia y llegará un momento de aumento de canceres en etapas avanzadas y el consecuente uso medicamentos de alto precio”.

Hamilton afirmó, por último, que “un seguro para enfermedades catastróficas requiere de voluntad política”.

La uruguaya Alicia Ferreira Maia, experta en gestión de Salud y Salud Pública, explicó el sistema integrado de salud existente en su país desde enero 2008, que se financia con el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y con el Fondo Nacional de Recursos, que es el seguro público universal. El financiamiento del FONASA se sostiene con los aportes patronales y de los trabajadores, mientras que el 80 por ciento del Fondo Nacional de Recursos proviene de Rentas Generales.

El 15 por ciento de los recursos se destinan a medicamentos de alto precio”, explicó la expositora durante el debate coordinado por Alejandra Sánchez Cabezas, directora del Observatorio de Salud.

Sin embargo, “en Uruguay existen cada vez más juicios por amparos por medicamentos o tecnologías que no están financiados por el Fondo Nacional de Recursos”, avisó.

Las compras centralizadas por un único comprador reducen los precios” y “si un laboratorio no le vende al Fondo no le vende a nadie en Uruguay”, detalló.

Sobre la experiencia uruguaya, resaltó que “primero se discute con la academia y asociación de pacientes que nuevas tecnologías hay que priorizar” y después “se negocia con el laboratorio porque según el costo, se decide si lo incluye o no”

“Si el precio no es asumible por el sistema no se lo incluye”, resaltó.

Además, en Uruguay “el médico que receta un medicamento de alto precio antes tiene que firmar una declaración sobre eventuales conflictos de intereses”.

Otras dos conclusiones de la experiencia uruguaya: “la evaluación económica antes de incluir un nuevo medicamento y el posterior monitoreo y seguimiento de la evolución del paciente, para constatar los resultados terapéuticos”, completó Ferreira Maia.