EL SENADO APROBÓ LA ADHESIÓN DE LA ARGENTINA AL TRATADO DE PATENTES, CON UNA RESERVA CLAVE PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL
La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos y pone fin a una demora parlamentaria de casi tres décadas. El acuerdo internacional busca simplificar y agilizar los trámites para registrar inventos en distintos países, pero la Argentina dejó expresamente afuera el Capítulo II, que contempla un examen preliminar internacional de patentabilidad. De este modo, el INPI conservará la facultad exclusiva de evaluar las solicitudes según la legislación nacional.
El Senado de la Nación aprobó este jueves la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que establece un procedimiento unificado para facilitar la presentación y tramitación de solicitudes de patentes en distintos países. La iniciativa obtuvo 47 votos a favor y 22 en contra, sin abstenciones, y puso fin a un prolongado recorrido legislativo que había comenzado en 1998.
La sanción representa un paso importante en materia de propiedad industrial y cooperación internacional, aunque su alcance adquiere particular relevancia en el sector farmacéutico, donde la protección de las innovaciones, la producción nacional, la competencia y el acceso a los medicamentos constituyen cuestiones estrechamente relacionadas.
Uno de los aspectos centrales de la discusión parlamentaria fue precisamente la incorporación de una reserva al Capítulo II del tratado, impulsada por la industria farmacéutica argentina y finalmente aceptada por ambas cámaras del Congreso. Esta modificación establece que el país no quedará obligado por el procedimiento de examen preliminar internacional previsto en ese capítulo y preserva la competencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para realizar la evaluación de fondo de las solicitudes de patentes conforme a la legislación argentina.
Qué establece el Tratado de Cooperación en materia de Patentes
El PCT fue suscripto en Washington el 19 de junio de 1970 y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su objetivo es simplificar los procedimientos que deben cumplir quienes buscan proteger una invención en diferentes mercados internacionales.
En términos prácticos, permite presentar una única solicitud internacional de patente, en lugar de iniciar desde el comienzo trámites independientes en cada uno de los países en los que se pretende obtener protección.
El sistema contempla una búsqueda internacional, la publicación de la solicitud y la posibilidad de acceder a información técnica que permite evaluar las perspectivas de patentabilidad de una invención. También brinda un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué países continuar el procedimiento y afrontar los costos correspondientes a cada jurisdicción.
Sin embargo, hay una aclaración fundamental: el PCT no crea una patente mundial ni concede automáticamente derechos de exclusividad en todos los países adheridos. La concesión de cada patente sigue dependiendo de las oficinas nacionales competentes y de las condiciones establecidas por las respectivas legislaciones.
Esto significa que cada Estado conserva la potestad de determinar si una invención reúne los requisitos legales para ser patentada.
Para la Argentina y según quienes lo defienden, la adhesión permitirá que investigadores, universidades, empresas tecnológicas y organismos científicos puedan iniciar un procedimiento internacional desde el país, con una mayor simplificación administrativa. Hasta ahora, la falta de una oficina receptora habilitada para operar dentro del sistema obligaba a recurrir a mecanismos alternativos para iniciar determinados trámites en el exterior.
Desde el Gobierno destacan que el nuevo mecanismo permitirá reducir tiempos, costos y gestiones burocráticas para los innovadores argentinos, además de facilitar la proyección internacional de desarrollos científicos y tecnológicos.
La reserva del Capítulo II: el punto central para los laboratorios nacionales
La discusión sobre el PCT tuvo como principal escenario de debate a la industria farmacéutica. En particular, la posibilidad de que los procedimientos internacionales de evaluación de patentes tuvieran incidencia sobre las decisiones que debe adoptar la autoridad argentina.
El Capítulo II establece un procedimiento de examen preliminar internacional, mediante el cual se elabora un informe técnico sobre determinados requisitos de patentabilidad de una invención. Ese informe no es vinculante, es decir, no obliga a los países a conceder una patente.
Sin embargo, los laboratorios nacionales plantearon reparos respecto de la incorporación de este mecanismo y advirtieron sobre la posibilidad de que sus evaluaciones influyeran en los procesos locales de aprobación.
Por ese motivo, durante el tratamiento en la Cámara de Diputados se incorporó una reserva expresa del Capítulo II, que fue aceptada posteriormente por el Senado.
La consecuencia es relevante: la Argentina adhiere al procedimiento de cooperación internacional del PCT, pero no queda obligada por el mecanismo de examen preliminar contemplado en ese capítulo estrategia que por otra parte han adoptado otros países que se han adherido al Tratado.
El INPI mantiene así la responsabilidad de examinar las solicitudes y resolver sobre la concesión de patentes de acuerdo con los criterios de la legislación nacional.
La modificación responde a una preocupación histórica de los laboratorios argentinos: evitar que modificaciones menores de medicamentos o principios activos puedan utilizarse para prolongar indebidamente situaciones de exclusividad comercial.
Esta práctica es conocida comoevergreening y constituye uno de los puntos de mayor controversia en los debates internacionales sobre propiedad intelectual y medicamentos.
La reserva también busca preservar la capacidad de evaluación del organismo argentino, evitando que los dictámenes preliminares elaborados en otros países condicionen el análisis que debe realizar la autoridad nacional.
Dos posiciones dentro de la industria farmacéutica
La discusión alrededor del tratado puso de manifiesto las diferentes posiciones que existen dentro del sector farmacéutico.
Por un lado, CILFA, entidad que representa a los laboratorios de capital nacional, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de una adhesión sin reservas. Entre sus argumentos señaló la importancia de preservar las condiciones de competencia, el desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares y la capacidad de producción de la industria local.
Desde esta perspectiva, el sistema de patentes debe encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación y el interés del sistema de salud, evitando que los derechos de exclusividad se extiendan más allá de lo que establece la legislación.
Los medicamentos genéricos y biosimilares cumplen un papel importante en ese equilibrio, porque permiten ampliar las alternativas terapéuticas y contribuir a la competencia de precios una vez cumplidas las condiciones legales correspondientes.
Por otro lado, CAEMe, que agrupa a compañías farmacéuticas de capital extranjero, respaldó una adhesión más amplia al tratado. Entre sus argumentos destacó la necesidad de mejorar las condiciones para proteger las innovaciones, agilizar los procedimientos de registro y ofrecer mayor previsibilidad a quienes desarrollan nuevos productos.
El debate también involucró a representantes empresariales de los Estados Unidos, que reclamaron la aprobación del acuerdo como parte de una agenda más amplia de cooperación económica y comercial con la Argentina.
En ese contexto, el Gobierno sostuvo que la incorporación al PCT permitirá mejorar las condiciones para los innovadores argentinos y facilitar la llegada de inversiones. La discusión parlamentaria, sin embargo, dejó en claro que la adhesión internacional no podía analizarse sin considerar las particularidades del mercado farmacéutico local.
Un debate que involucra el acceso a los medicamentos

Más allá de las cuestiones administrativas y de propiedad intelectual, la discusión tiene una dimensión sanitaria que merece especial atención.
El sistema de patentes busca reconocer y proteger las inversiones realizadas para desarrollar nuevas tecnologías, productos y medicamentos. Al mismo tiempo, la extensión de derechos exclusivos puede tener consecuencias sobre la competencia y los tiempos de ingreso de alternativas terapéuticas al mercado.
En este sentido, la capacidad de los laboratorios nacionales para desarrollar, producir y comercializar medicamentos constituye un componente relevante del sistema de salud argentino.
La producción local, la disponibilidad de genéricos y biosimilares y la existencia de distintos oferentes pueden contribuir a sostener la competencia y ampliar las posibilidades de acceso de la población a los tratamientos.
Por eso, uno de los aspectos más significativos de la discusión fue la decisión de preservar la evaluación nacional de las patentes. La reserva del Capítulo II no elimina las obligaciones que surgen del resto del tratado, pero establece un límite importante respecto del procedimiento internacional de examen preliminar.
En definitiva, el desafío será compatibilizar la incorporación de la Argentina a un sistema internacional de cooperación tecnológica con la preservación de las capacidades regulatorias y productivas del país.
Una adhesión con casi tres décadas de historia
La aprobación del Senado tiene, además, un recorrido legislativo particular. El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara alta en 1998, pero nunca había completado su tratamiento en Diputados. Este historial ya había sido reflejado el mes pasado por Pharmabaires: PATENTES: EL SENADO DEBATE LA ADHESIÓN AL TRATADO INTERNACIONAL (PCT) Y EL FUTURO DEL MERCADO FARMACÉUTICO ARGENTINO
La iniciativa volvió a cobrar impulso durante la actual gestión, en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino en su agenda de acercamiento comercial con los Estados Unidos.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en agosto pasado, aunque incorporó la reserva del Capítulo II, lo que obligó a que el expediente regresara al Senado para su revisión definitiva.
Finalmente, el oficialismo consiguió los votos necesarios para sancionar la adhesión con esa modificación, que permitió compatibilizar el ingreso de la Argentina al sistema internacional con una de las principales demandas de los laboratorios nacionales.
Tras la aprobación parlamentaria, resta completar los pasos institucionales correspondientes: la promulgación de la ley y el depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI. De acuerdo con las disposiciones del tratado, su entrada en vigor para la Argentina se producirá tres meses después de ese depósito.
La nueva ley de adhesión al Tratado de Patentes abre una nueva etapa para el sistema de propiedad industrial argentino. Su implementación deberá demostrar que es posible facilitar la protección internacional de las innovaciones sin resignar la capacidad del Estado de evaluar las patentes, preservar la competencia y atender las necesidades de un sector tan sensible como el de los medicamentos.