PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DDHH DE LA ONU SE PRONUNCIAN CONTRA PATENTES MONOPOLICAS

El Parlamento Europeo y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sendas resoluciones recientes denunciaron que las patentes han impedido el acceso asequible a los medicamentos y se pidió evaluaciones del impacto de los tratados de libre comercio sobre el derecho a la salud.

Sin embargo, la Comisión Europea ignoró sendas recomendaciones al reiniciar las negociaciones con el Mercosur por un tratado de libre comercio a fines de marzo, apuntó el especialista argentino Carlos María Correa.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró recientemente en Ginebra una mesa redonda sobre los derechos humanos y el acceso a los medicamentos, entre cuyos panelistas estuvo precisamente Correa.

En las presentaciones del panel se destacó que “las patentes han impedido el acceso asequible a los medicamentos” y se pidió que “se hagan evaluaciones de impacto sobre los efectos de los tratados de libre comercio sobre el derecho a la salud”.

El Consejo de Derechos Humanos subrayó que “el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud se ven obstaculizados por los altos precios de los medicamentos causados ​​por los monopolios de patentes”.

Los 47 países miembros –Venezuela, Brasil, Bolivia y Paraguay  por América del Sur- instaron al Consejo a que impulse estudios sobre el impacto de los acuerdos comerciales en materia de propiedad intelectual.

El Consejo además instó a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos conformado el año pasado a instancias del ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y del que formó parte Correa.

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, quien abrió el panel de debate, dijo que el derecho a la salud impone a “los Estados que garanticen el acceso universal a una atención sanitaria de calidad, de igualdad y no discriminación”.

Coincidentemente, el Parlamento Europeo votó a mediados de marzo una resolución que insta a utilizar las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC” y aplicar “una evaluación estricta de la patentabilidad de los medicamentos”.

El Parlamento pidió a la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que establezca “un marco para promover, garantizar y reforzar la competitividad y la utilización de medicamentos genéricos y biosimilares, garantizar su entrada más rápida en el mercado y controlar prácticas desleales”.

La resolución pidió asimismo a la Comisión Europea que “prosiga y, en la medida de lo posible, intensifique el seguimiento y la investigación de casos potenciales de abuso de mercado, incluidas las llamadas ‘retribución por retraso’, precios excesivos y otras restricciones de mercado específicas para las empresas farmacéuticas que operen en la UE”.

En tal sentido, en su pedido a la Comisión reclamó  que “observe y refuerce la legislación de la UE en materia de competencia y sus competencias en el mercado farmacéutico a fin de combatir el abuso y promover precios justos para los pacientes”.

En coincidencia con este pedido, la CNMC de España (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha incoado un expediente sancionador contra seis de las principales multinacionales farmacéuticas que operan en ese país, Pfizer, Janssen (filial de Johnson & Johnson), Merck Sharp & Dohme (MSD), Lilly, Sanofi y Novartis por posible conducta anticompetitiva.

La acusación radica en la sospecha de que implantaron o intentaron implantar en España un sistema de colusión de precios en virtud de pactos entre los laboratorios implicados.

Las conductas analizadas tienen origen en una denuncia presentada por European Association of Euro Pharmaceutical Companies (Eaepc) en el 2007 y que había sido archivada por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (antecesora de la CNMC) en 2009 por la supuesta falta de evidencias.

Sin embargo, El Tribunal Supremo de Justicia  de España ordenó reabrir la investigación  e instó a la CNMC que disponga de nuevas indagatorias sobre esta denuncia.

Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.