NOVARTIS PIDIÓ A EEUU SANCIONES PARA COLOMBIA

La multinacional suiza Novartis pidió a la oficina del Representante de Comercio de los Estados  Unidos (USTR) que presionara al gobierno colombiano de Juan Manuel Santos para que desistiera de aprobar una licencia obligatoria del oncológico Glivec, reveló el sitio especializado Knowledge Ecology International (KEI).

KEI accedió a la documentación reservada sobre el caso Colombia, mediante el procedimiento conocido como Freedom of Information Act, por el cual la USTR se vio obligada a desclasificar documentos confidenciales.

La USTR finalmente entregó copia de las cartas y documentos intercambiados con Novartis y con el gobierno colombiano en 2015 cuando avanzó con la amenaza de extender una licencia obligatoria de Glivec o Gleevec (imatinib)  debido a los precios abusivos del mercado local.

Imatinib es una droga utilizada para tratar la leucemia y el gobierno de Santos avanzó con la licencia obligatoria cuando Novartis se negó a negociar un precio accesible.

Entre los documentos a los que accedió KEI figura un correo electrónico del 3 de junio de 2015 de María Fernanda Hurtado, responsable de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social de Novartis de Colombia,  dirigido  a Michael McGee y Paola Lugari, del Departamento de Comercio de Washington, solicitando que la Embajada de los Estados Unidos enviara una comunicación al Ministerio de Salud de Colombia para desalentar la licencia obligatoria que entonces estaba bajo consideración para el Glivec.

El correo electrónico adjunta, como referencia, una controvertida carta enviada por la Embajadora de Suiza, Livia Leu, al Ministerio de Salud de Colombia, el 26 de mayo de 2015, y señala que aunque el período de comentarios formales se cerró, Novartis "considera sumamente valioso tener una comunicación de su Embajada y contar con su apoyo en este importante caso teniendo en cuenta que si se le otorga la Licencia Obligatoria podría establecer un precedente grave para las empresas de I + D que realizan negocios en Colombia ".

Paola Lugari luego envió este correo electrónico a sus superiores Angel Ventling y Laura Ebert, quienes a su vez trasladaron el mensaje a Christine Peterson como "experta en DPI" (derechos de propiedad intelectual) en el Departamento de Comercio.

Finalmente, el correo siguió subiendo en la escala jerárquica y llegó al despacho de Leslie O'Connor, por entonces  Representante Adjunta del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para América Latina.

Germán Holguín, Director General de la ONG Misión Salud en Colombia, declaró: "Esta es una demostración de lo que nosotros, las organizaciones que solicitamos la declaración de interés público para el imatinib de una licencia obligatoria, denunciamos a lo largo del proceso”.

“Las corporaciones farmacéuticas utilizan todos los recursos disponibles, Tanto legítimas como ilegítimas, para bloquear la posibilidad de que países como Colombia ejerzan su derecho a expedir licencias obligatorias, incluyendo una presión unificada como bloque”, completó.

La presión contra Colombia consiguió que el Comité de Finanzas del Senado amenazara al país sudamericano con cancelar una ayuda de 450 millones de dólares y el secretario de Estado, John Kerry, le transmitió al presidente Santos -durante un encuentro en Londres-  la “preocupación” de su gobierno por la licencia obligatoria del Glivec,  pues podía convertirse en un mal ejemplo para la región.

PhRMA de Estados Unidos también se sumó a la campaña, aunque Novartis fuese una competidora europea, compartiendo el mismo temor.

Por el contrario, el senador demócrata Bernie Sanders, pidió a su gobierno que dejara de presionar a Colombia y que en todo caso tomara su modelo para combatir el abuso de precios en territorio estadounidense, en una carta dirigida a la USTR y firmada por otros senadores del mismo partido.

El Ministerio de Salud de Colombia finalmente aprobó una licencia obligatoria del Glivec por razones de salud pública y luego de infructuosas negociaciones para que Novartis aceptara un precio razonable.

Pero fue la excepción, ya que a partir de comienzos este año las licencias obligatorias solo podrán ser autorizadas por un comité gubernamental, encabezado por el Ministerio de Industria. Un modo elegante de cerrar la puerta sin apretar los dedos.

Colombia había pagado 400  millones de dólares por la compra de Glivec para sus programas públicos de salud durante seis años.