El sábado a la tarde, sin estridencias ni cámaras, Gabriel Oriolo decidió cerrar su breve pero agitado capítulo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud. No hubo conferencias ni discursos. Solo un mensaje en redes sociales y la promesa de que hoy lunes, el Boletín Oficial sellaría formalmente su salida.

El puesto que deja no es menor: desde esa silla se regula a las obras sociales y a las poderosas empresas de medicina prepaga, un sector siempre dinámico y sensible, y no pocas veces propenso a moverse con lógicas propias. Oriolo lo sabía bien. Antes de llegar al organismo, había sido directivo en OSDE, una de las más grandes prepagas del país. Conocía el juego desde adentro.

Su llegada, en enero de este año, fue vista con cierta reserva por quienes creen que el control debe ser firme cuando se trata de la salud de millones. Aun así, su gestión se presentó como un intento de devolverle a la SSS ese rol fiscalizador que, según el propio Oriolo, “se había perdido”.

Durante estos meses, impulsó cambios que él mismo calificó de “históricos”: eliminación de triangulaciones, recorte de privilegios, medidas para fomentar una competencia real en un sistema que, admitía, estaba trabado. Prometía reformas profundas en un entramado que hace tiempo pide una cirugía mayor.

El motivo personal fue la razón con la que justificó su renuncia. Oriolo se despide con agradecimientos, balance propio y un dejo de orgullo por lo hecho. Lo reemplaza Claudio Stivelman, médico y hasta ahora gerente general del organismo. La línea, aseguran, no cambiará.

Quizás lo más revelador del episodio no está en la renuncia misma, sino en lo que implica. Cada vez que hay movimientos en esa Superintendencia, conviene prestar atención. Porque si hay algo claro en la historia del sistema de salud argentino es que las prepagas —por tamaño, influencia y lobbies— nunca pierden el foco. Regular ese mundo no es solo una cuestión administrativa: es una responsabilidad política, social y, por momentos, ética.

Como se recordará en el inicio de su gestión la actual administración colisionó con las empresas de medicina prepaga a las que había acusado de cartelización y terminando con la intervención de la justicia, en un conflicto que había estallado por el desproporcionado aumento de las cuotas a los afiliados. (Ver nota PREPAGAS: SUBAS DISPARATADAS Y CARTELIZACIÓN, MILEI SE INVOLUCRA).

De allí que los movimientos en la Superintendencia de Seguros de Salud, el gran organismo de control, no son un detalle menor: El tablero se reacomoda. Pero el juego continúa.