Los prestadores privados aceptaron postergar la medida de fuerza tras el anuncio de aumentos de aranceles de entre el 5% y el 12%. Sin embargo, advierten que los incrementos no alcanzan para compensar el atraso de los pagos y reclaman cambios en las condiciones de contratación. En la Patagonia, las restricciones se mantendrán durante 48 horas, con excepción de las urgencias.

La atención médica de miles de jubilados y pensionados que dependen del PAMI tendrá un escenario dispar esta semana. Mientras buena parte de las clínicas privadas decidió no avanzar con la suspensión de servicios prevista para hoy miércoles y mañana jueves, los establecimientos de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa sostendrán la medida de fuerza, en medio de un conflicto por los valores que paga la obra social.

El cambio de postura de una parte de los prestadores llegó después de que las autoridades del organismo comunicaran una actualización de los aranceles de entre el 5% y el 12%, según consignó en la últimas horas una nota publicada por el diario La Nación.. Aunque el anuncio abrió una instancia para continuar las negociaciones, las entidades sostienen que los porcentajes ofrecidos están lejos de compensar el incremento de los costos que afronta el sector de la salud.

La decisión de levantar parcialmente el paro fue adoptada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), que nuclea a más de 40 centros médicos privados del Área Metropolitana de Buenos Aires y de distintas localidades del interior. La entidad aclaró que la suspensión de la protesta no representa una aceptación de la propuesta económica del PAMI.

En qué provincias continuará la medida de fuerza

La situación es diferente en la Patagonia. La agrupación Clínicas de la Patagonia confirmó que mantendrá la interrupción de los servicios durante 48 horas, tal como había anunciado la semana pasada. La restricción alcanza a los centros privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, aunque se mantendrá la atención de las urgencias.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, ratificó la decisión y explicó que la propuesta recibida para esa región no es equivalente a la presentada a otros prestadores. Según indicó, también existen diferencias en el esquema de pagos que se aplica en esa zona.

En un comunicado, la agrupación sostuvo que la medida llega después de meses de gestiones sin resultados satisfactorios ante las autoridades de la obra social y del Ministerio de Salud. La asociación Salud Federal también adhirió al reclamo.

Por lo tanto, los afiliados deberán tener en cuenta que la situación no será uniforme en todo el país: mientras en gran parte de las instituciones se mantendrá la atención habitual, en las cuatro provincias mencionadas habrá restricciones en los servicios programados. Para conocer cómo funcionará cada establecimiento, será importante consultar directamente con el centro médico correspondiente.

Los aumentos anunciados no despejan el conflicto

Desde Capress señalaron que la decisión de no realizar el paro está vinculada con la reunión prevista con las autoridades del PAMI para  mañana  jueves 22 de octubre. El objetivo es mantener abierta la negociación y encontrar respuestas a los reclamos del sector.

Sin embargo, la cámara advirtió que los nuevos aranceles siguen siendo insuficientes y reclamó soluciones para otros problemas que afectan la prestación de servicios. Entre sus demandas figuran reglas más claras para los modelos de atención y de remuneración, además de cambios en las condiciones contractuales.

Desde el PAMI, en tanto, indicaron que los incrementos tendrán distintos alcances según el tipo de prestación. En el caso de los módulos quirúrgicos, la actualización impactará en las prácticas realizadas desde septiembre. Para otros módulos y procedimientos, los nuevos valores se aplicarán a las atenciones efectuadas durante octubre.

La obra social afirmó que el diálogo con los prestadores continúa abierto y que el encuentro del jueves permitirá seguir trabajando en posibles soluciones.

La inflación, detrás del reclamo de las clínicas

El principal argumento económico de las entidades es la distancia entre la evolución de los aranceles que reciben y el aumento general de los precios. Según un relevamiento de Capress, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor de la cápita correspondiente al segundo nivel de atención subió un 447,47%, mientras que la inflación minorista acumulada alcanzó el 942,35%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El segundo nivel de atención comprende, entre otros servicios, internaciones, cirugías de baja y mediana complejidad y distintas prácticas de uso frecuente entre los afiliados del PAMI.

La diferencia entre ambos indicadores refleja la magnitud del desfasaje que denuncian las instituciones. De acuerdo con los cálculos presentados por la cámara, los valores deberían aumentar más de un 90% para recuperar el terreno perdido frente a la inflación acumulada en ese período.

La presión sobre los costos también se observa en los medicamentos. El índice elaborado por Capress, a partir de distintas fuentes de información, entre ellas datos del Ministerio de Salud y del Colegio de Farmacéuticos, registró un incremento del 1181,70% en sus precios durante el mismo lapso.

La brecha se mantiene cuando se analiza un período más reciente. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cápita por paciente del PAMI aumentó un 110,55%, frente a una inflación del 241,8%. Según la estimación de la entidad, sería necesaria una actualización adicional del 62% para equiparar la evolución de los aranceles con la de los precios generales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Además, durante 2026 algunas prácticas recibieron recomposiciones puntuales del 1,9% en junio y del 8% en julio, porcentajes que los prestadores consideran insuficientes frente a la evolución de sus costos.

Un conflicto que ya provocó interrupciones en otras oportunidades

La disputa entre las clínicas privadas y el PAMI no comenzó esta semana. En la Patagonia, los desacuerdos ya habían derivado en una suspensión de la atención durante 24 horas a fines de agosto.

También hubo reclamos que afectaron servicios en el conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza, según los comunicados difundidos por las entidades del sector.

Además de la actualización de los aranceles, los prestadores reclaman modificaciones en los contratos. Entre los puntos cuestionados figuran los cupos establecidos para determinadas prácticas en cada institución, que, según directivos de la actividad, condicionan la organización y la capacidad de respuesta de los centros de salud.

A la discusión sanitaria se suma una preocupación tributaria. Las organizaciones aseguran que todavía no obtuvieron respuesta a un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El objetivo de ese encuentro era plantear la necesidad de una reforma tributaria y buscar alternativas para las cerca de 5000 entidades que mantienen deudas fiscales. Según el sector, esas instituciones están alcanzadas por una disposición que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por obligaciones impagas, una medida que fue prorrogada en reiteradas oportunidades.

La negociación sigue abierta y la atención será desigual

La decisión de Capress de suspender el paro en gran parte del país evitó, por ahora, una interrupción generalizada de los servicios para los afiliados al PAMI. No obstante, el conflicto permanece sin una solución definitiva y las clínicas insisten en que los aumentos anunciados no compensan el deterioro de sus ingresos.

La reunión prevista para mañana  jueves será una instancia clave para determinar si las partes consiguen avanzar hacia un acuerdo más amplio. Mientras tanto, los jubilados y pensionados de las cuatro provincias patagónicas deberán considerar las restricciones anunciadas y verificar con sus centros de atención qué prestaciones estarán disponibles durante las 48 horas de protesta.