Las denuncias de estafa y corrupción en Pami son crónicas, en particular los delitos con medicamentos. Ni los prestadores, que dicen se les adeuda; ni los afiliados, que dicen se los atiende mal, están conformes. Aún con 20 mil empleados y 3200 millones de dolares de presupuesto anual, brinda buenos servicios ni mejora la calidad de vida de la gente.
“El sector farmacéutico ha sido invadido por narcotraficantes y políticos corruptos”, afirmó Marcelo Peretta, secretario general del SAFyB. Las recientes denuncias de corrupción en el PAMI remiten a un antecedente cercano: “la mafia de los medicamentos”, aseguró.
Los últimos tiempos de la Administración Di Césare tuvieron al silencio como aliado.
Un viejo enunciado de la comunicación institucional o corporativa reza que “lo que uno no diga, lo dirá otro” y continúa siendo el más difícil de comprender por parte de las empresas o instituciones . . .
Por primera vez los farmacéuticos escucharon del director del PAMI un pedido de disculpas por los atrasos en los pagos. “Un cambio de clima”, definen a la nueva gestión de Carlos Regazzoni, comparada con la precedente de Luciano Di Cesare.
El Sindicato Argentina de Farmaceúticos y Bioquímicos (SAFyB) propuso que los convenios del PAMI para la cobertura de los medicamentos que reciben sus beneficiarios, “se firmen directamente con los prestadores, que son las farmacias”.
Por “cuestiones políticas, conspiración o graves problemas de relaciones públicas”, la industria farmacéutica se ha convertido en el “mayor villano” de Estados Unidos, a la que fustigan desde Hillary Clinton a Donald Trump, admiten analistas estadounidenses, que recomiendan un golpe de timón para superar la controversia de los precios de los medicamentos .
La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías para medicamentos y equipos médicos, junto con la transferencia a la Ciudad de la fiscalización y control de droguerías, laboratorios y farmacias, figuran como prioridades en la agenda del ministro de Salud, Jorge Lemus.
El Sindicato Argentino de Farmaceúticos y Bioquímicos (SAFyB) evaluará la efectividad terapéutica de los nuevos medicamentos de alto costo a pedido de un grupo de obras sociales, a partir de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que anunció el ministro de Salud, Jorge Lemus.
Más de 50 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que ejerzan “su autoridad legal” para requerir de los titulares de patentes farmacéuticas que hubiesen sido obtenidas a partir de proyectos de investigación financiados por el Estado, que otorguen “una licencia en condiciones razonables y asequibles para el uso público”.