Pese a la resolución 56 del INPI que exigían las multinacionales y el reciente acuerdo de procedimiento acelerado PPH, Estados Unidos volvió a incluir a Argentina en la lista de países de “observación prioritaria” por sus supuestas falencias en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de la resolución “Especial 301”, de la Oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos. Un clásico.

Sergio Cassinotti, el nuevo  director del PAMI,  no considera que la industria sea causante del déficit operativo de la obra social de los jubilados sino la corrupción. Pero con un desfasaje de casi mil millones de pesos mensuales, aspira a un nuevo ajuste en el convenio con las cámaras farmacéuticas.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) instó a discutir una nueva Ley de Medicamentos, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)  propuso –una vez más- que el Estado instrumente la compra centralizada de medicamentos de alto costo, para imponer precios a cambio de volúmenes de compras.

En Estados Unidos la imagen de la industria farmacéutica es negativa, en sintonía con los comentarios que públicamente ha expresado el presidente Donald Trump. A causa de los altos costos, también avanzan los controles de precios en varios Estados y hasta quieren anular las patentes en el país que más batalla por los derechos de propiedad intelectual fuera de sus fronteras.

Las autoridades del INPI ratificaron que “no hay marcha atrás” con el programa PPH acordado con la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos que todavía no ha sido publicado en la página oficial del organismo y del que PHARMABAIRES accedió a una copia en castellano (a una de las pocas que circulan en el país).