El jueves 20 de febrero, casi a medianoche, los representantes de los laboratorios nacionales fueron convocados de urgencia por el ministerio de Economía Axel Kicillof, para recibir un mensaje conminatorio: debían retroaer los precios de los medicamentos sí o sí, con la advertencia de que la propia presidenta, Cristina Fernández, exigía una resolución inmediata.
A partir del 11 de marzo debe aplicarse la resolución 1632 del Ministerio de Salud de la Nación que impide la venta de galletitas, yerba, alfajores, productos de consumo alimenticio y chucherías varias en las farmacias. O sea una resolución que golpea esencialmente al modelo de negocios de la cadena Farmacity, que ofrece medicamentos y barritas de cereales a sus clientes y defiende en sus publicidades que ambos son un aporte a la salud.
El Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal denunciará en los próximos días ante la ANMAT la existencia de un mercado ilegal de expendio de medicamentos de venta bajo receta por fuera de las farmacias, informó su titular, Claudio Ucchino.
Las negociaciones entre las cámaras farmacéuticas y el gobierno sufrieron un vuelco cuando los farmacéuticos advirtieron que la retracción de los precios no sólo arrastraría a la industria, sino al propio sistema, incluido el convenio PAMI.
